A partir del 17 de marzo de 2019, nuestras vidas se vieron trastocadas en su curso normal por la pandemia del covid 19. Se han perdido vidas, se ha interrumpido la dinámica social y la educación se ha visto afectada negativamente. A medida de que se implementan medidas de emergencia, las violaciones a los derechos humanos están incrementándose a un ritmo impresionante. Si bien algunas de esas medidas son ineludibles y forzosas para frenar la enfermedad, es necesario preservar los derechos fundamentales en la mayor medida posible, tanto en el contexto actual como después de que haya cedido.
Las medidas prohibitivas de determinadas libertades deben brindar ciertas garantías y ser taxativas, tanto en intensidad como en duración, para alcanzar los objetivos necesarios de salud pública. La razonabilidad y proporcionalidad de los mecanismos de protección sanitaria, así como su necesidad, deben ser las pautas para decretarlos.
Los niveles de pobreza han aumentado, los vínculos sociales se han tensado y la tendencia de desarrollo se ha invertido, por lo cual se requerirán políticas públicas dirigidas a los más desfavorecidos y una actuación coherente de los entes públicos que refleje un cambio general hacia la toma de decisiones basada en la ciencia, enfoques interdisciplinarios y de gestión del riesgo, así como como grandes imperativos. El reinicio gradual de la actividad económica y social hace evidente que, para superar la crisis, es necesario ampliar la cobertura de protección y la asistencia social.
En esta coyuntura es indispensable que el Derecho administrativo sea facilitador de procesos para asegurar resultados de desarrollo justos y sostenibles y para garantizar los derechos fundamentales.
