La doctrina administrativista cambiará profundamente a partir del confinamiento mundial de 2020, no sólo respecto al ejercicio de los poderes públicos, sino también, al concepto de debido proceso y de los derechos humanos en general.

Ante la necesidad de frenar la propagación del COVID-19, el Estado en todas las latitudes, adoptó un enfoque de prevención, ejerciendo el poder para proteger la salud comunitaria, a través de múltiples medidas locales frente a la emergencia, entre ellas, el distanciamiento social, el uso de cubre bocas, mascarillas, cubiertas faciales, el cierre de negocios, escuelas y demás sitios, la prohibición de reuniones y la permanencia en confinamiento.

Pero es innegable que el estado de emergencia puede ser utilizado como justificación para cometer los peores atropellos, tales como las multas excesivas, la censura en las redes sociales, en la prensa o en plataformas como YouTube, la detención arbitraria, el uso de la fuerza pública u otras medidas autoritarias, coercitivas y extremas, lo cual conduce a la exigencia de contar con reglas claras para circunscribir la discrecionalidad legítima.

Un acontecimiento de salud pública de proporciones mundiales ¿faculta u obliga a los gobiernos estatales o locales a imponer restricciones a las libertades constitucionales? Éste y otros temas conexos son abordados por 24 especialistas de diversos países de Iberoamérica, convocados por la Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIDA).

978-607-8758-41-8

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